Durante la jornada se subrayó que el Protocolo busca derribar miedos y prejuicios, tanto desde la perspectiva de las personas con discapacidad, como de los empleadores, que aún manifiestan desconocimiento sobre adaptaciones necesarias o beneficios disponibles.
En ese sentido, se recordaron los incentivos vigentes, como la posibilidad de deducción en el Impuesto a las Ganancias y las ayudas estatales que facilitan la contratación, reforzando el carácter práctico del documento.
La jornada puso de relieve la importancia de la articulación público-privada-comunitaria, incluyendo al Estado, empresas y organizaciones de la sociedad civil, resaltando que la transformación hacia la inclusión requiere del compromiso de todos los sectores.
