El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 27 de la CABA, a cargo del juez Guillermo Patricio Canepa, admitió la acción colectiva presentada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo (UERC) de este  Ministerio Público de la Defensa contra el Banco de Galicia y Buenos […]

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 27 de la CABA, a cargo del juez Guillermo Patricio Canepa, admitió la acción colectiva presentada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo (UERC) de este  Ministerio Público de la Defensa contra el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

La demanda, impulsada por la Defensora Alejandra L. Lampolio —Coordinadora de la UERC—  tiene como fin garantizar que las personas mayores de 60 años, quienes enfrentan barreras en el acceso a la información y a los servicios digitales, cuenten con líneas telefónicas específicas y atención personalizada por operadores humanos. Como también, que esos canales de atención estén debidamente publicitados por las entidades bancarias —página web, resúmenes de cuenta, sucursales físicas y en toda la publicidad—.

La decisión del juez da cuenta de que la falta de acceso a canales de atención adecuados es una vulneración del derecho a la información y una discriminación digital, especialmente grave para las y los consumidoras/es hipervulnerables. El tribunal, también, analiza la posibilidad de ordenar que el Banco Galicia adopte medidas para asegurar un trato equitativo y digno, conforme a lo establecido tanto  en la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor como en las otras normativas de protección de derechos de las personas mayores.

Este fallo es de suma importancia para la Defensa Pública, no solo porque obliga a adoptar medidas contra las barreras que enfrentan los adultos mayores en la gestión de trámites bancarios, sino también porque reconoce la legitimidad de  la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD para promover acciones que protejan derechos colectivos.

De prosperar la demanda, el Banco Galicia deberá ajustar sus políticas de atención y garantizar canales accesibles y efectivos para los adultos mayores, asegurando que la atención telefónica sea clara, directa y personalizada.